Movimientos Sociales en Chile y la construcción del poder popular constituyente

Movimientos Sociales en Chile y la construcción del poder popular constituyente[1].

Por Zenón R. Quiroga
Ilustración e infografías por Patricio Bascuñán.
Publicado originalmente en Revista Anagénesis N.8, 2014.

En Chile han existido movimientos sociales que, libres de partidos y representantes, se han propuesto hacer política por soberanía: su alternativa ha sido la auto-representación en pos de la expresión directa de su voluntad colectiva. Tales movimientos tuvieron una orientación a ejercer su ‘poder constituyente’, lo que en palabras de Gabriel Salazar es “el que puede y debe ejercer el pueblo por sí mismo para construir, según su voluntad deliberada y libremente expresada, el Estado que le parezca necesario y conveniente para su desarrollo y bienestar”[2].

Las Asambleas Nacionales que fueron impulsadas de forma respectiva por el movimiento de los «pueblos» de provincia (1822-1829) y el movimiento de los «actores sociales» (1918 y 1925), por más que hayan sido procesos inconclusos (en el sentido de fueron derrotados y no alcanzaron a construir el instrumento estatal que buscaban impulsar) son ejemplos de organización popular de alta significación histórica y política, sobre todo para el presente. Mirar estas experiencias en retrospectiva, desde un Chile en donde se comienzan a superar los traumas de la dictadura y la organización popular se vuelve a levantar (ya sea a través de asambleas territoriales [como las de Magallanes, Aysén, Chiloé o Calama], federaciones de estudiantes, juntas de vecinos, colectivos y organizaciones de todo tipo, etcétera), permite visibilizar una continuidad histórica en las luchas sociales de la actualidad, reconociendo en ellas causas y motivaciones que trascienden lo meramente contingente. Así mismo, revisar las experiencias de aquellos intentos de construcción de poder popular -evaluando sus desafíos, errores y aciertos-  puede ayudar a orientar y proyectar un actual trabajo de organización política con vistas a dar forma a una soberanía autónoma y participativa.

Cabe destacar que ambos movimientos “concibieron al Estado como un instrumento concreto de trabajo ciudadano, a efectos de realizar una tarea histórica específica, urgente y necesaria. Es decir, entendieron al Estado, concretamente, como un mandato cívico para un país concreto, para resolver problemas concretos y para un tiempo histórico acotado”[3]. Lo opuesto al Estado ‘liberal’ que se plantea como estructura jurídica ‘para siempre’, permitiendo la permanencia a lo largo del tiempo de un poder coercitivo sustentando en lo que se escribió ‘ayer’.

Movimiento de los «pueblos» de provincia (1822-1829)

La organización territorial-comunal (o vecinal) fue la forma óptima de la soberanía ciudadana desde la segunda mitad del siglo XVIII (período colonial) hasta mediados del XIX  (fase republicana). Y es que las comunidades locales, por entonces llamados «pueblos»,  por el hecho de que estuvieran geográficamente tan distanciados unas con otras, habían forjado una larga tradición de autonomía, en lo que respecta a su gestión política y económica.

“El poder sinérgico de la soberanía popular alojada en los «pueblos» (aldeas), a diferencia de la soberanía abstracta que aureolaba los reyes-estados, radicaba en que sus comunidades trabajaban (con sus manos) la tierra y las materias primas para producir los medios de subsistencia, sobre todo para sí mismas. La base que sustentaba ese poder no era una abstracción filosófica o un axioma teológico, sino la concreta soberanía productiva ejercida sobre la naturaleza y los medios de producción, (…).

(…) Fue sobre esta base económica, social y cultural que, en todos esos pueblos, en durante el período señalado, florecieron los «cabildos abiertos», como el medio natural para tomar decisiones colectivas. (…) Fue en esos cabildos donde surgió el sentido de la democracia de bases”[4].

Con el fin de oponerse al centralismo neomonárquico de la ‘ciudad’ de Santiago (piénsese que Santiago, al igual que en la actualidad, era tan solo un centro financiero que usufructuaba los recursos naturales de las regiones) y de derribar la dictadura antidemocrática y librecambista de Bernardo O’Higgins (quien velaba por los intereses de los mercaderes de la capital), surgen las denominadas «asambleas de los pueblos libres» de las provincias de Coquimbo y Concepción. Ambas establecidas entre 1822 y 1828, buscaron proyectar el ‘modo de vida’ local de los pueblos (políticamente horizontal y económicamente autónoma)en la construcción colectiva del primer Estado Nacional.

“La tarea inicial de esa estructura alternativa fue deshacerse de la dictadura central, instalada en Santiago. Habiendo fallando la vía pacífica (cartas enviadas al director supremo, exigiéndole la renuncia), la asamblea de Concepción envió a Santiago una sección del ejercito de La Frontera, comandado por el intendente de Concepción, general Ramón Freire. Este ejército, sin disparar un tiro, consiguió que O`Higgins abdicara y que el cabildo de Santiago se sumara –a regañadientes– al movimiento iniciado en provincias.”[5] (p356).

La siguiente acción emprendida por el movimiento elegir una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por los representantes que los pueblos designaran en elecciones libres. Cosa de que la voluntad soberana de los pueblos no fuera traicionada, los representantes electos podían ser revocados en el caso de que no siguieran el ‘mandato’ establecido en las distintas asambleas locales.

Tras el logro que significo la redacción de la Constitución «popular-representativa» de 1828 (redactada en Valparaíso), que significó la realización de varios plenarios –y muchos años de lucha contra el obstruccionismo de  Santiago–, el movimiento fue derrotado por su adversario, el patriciado de la capital, el cual, tomando en cuenta que el ejército estaba de lado de la nueva Constitución, no tuvo otra opción que organizar un ejército de carácter mercenario (financiado por Diego Portales y sus amigos), descargar un golpe de Estado (batalla de Lircay y secuelas) e imponer un régimen estatal centralistas, represivo y autoritario para volver nuevamente a tener el control.

Movimiento de los «actores sociales» (1918 y 1925)

La base de la soberanía de este movimiento, a diferencia de la soberanía territorial de la Asamblea de los Pueblos, surgió a partir de ‘asambleas nacionales’ de articulación gremial-sectorial. Y es que a esta altura el Estado centralista ya tenía instalados sus tentáculos en todas las regiones, empobreciéndolas a estas al succionar sus recursos, desencadenando una emigración masiva a la capital. Para lidiar con la miseria y la pobreza que se hacinaba en la ciudad y frente a los frenos que impone el patriarcado mercantil-financiero al desarrollo de la industria, surge un fuerte asociacionismo entre los afectados quienes empiezan a asociarse a todo nivel: local, regional y nacional. Tal es el caso de la Federación Obrera de Chile (FOCH), la Federación de Estudiantes (FECH), la Asociación General de Profesores (AGPCh), la Federación de Clases Medias, las ligas cívicas, la Asociación de Municipios, etcétera.

Fue la pobreza y la urgencia la que instó a los afectados a asociarse por la base, en busca de autoprotección. La mayoría utilizó el modelo ya establecido de las ‘sociedades mutuales’ (organizaciones que animan y asesoran a quienes accedan a brindarse prestaciones mutuas frente a riesgos eventuales o para elevar su bienestar material y espiritual, mediante un pago o contribución periódica)

o las ‘combinaciones mancomunales’ (modelo de organización socialista construido sobre la base de los lazos sociales, asociativos y solidarios de las organizaciones obreras, los cuales agruparon trabajadores por comuna y provincias en Chile).

La intercomunicación entre las distintas asociaciones estimuló y permitió que en todo Chile hubiera el surgimiento de un proceso de federamiento. Las distintas asociaciones comenzaron discutir tanto los problemas de sus sector como los problemas acontecían en el resto del país. De este modo, se fue dando pie a que “los problemas ‘nacionales’ que afectaban a los ciudadanos a nivel ‘comuna’ fueron siendo discutidos en instancias regionales y, finalmente, en instancias nacionales.”[6]

Dicha intercomunicación, sumada a la experiencia adquirida en el arte de administrar recursos, fue echando las bases de un congreso social alternativo al congreso político constitucional. Así la crítica y la búsqueda de soluciones tendió a proponer leyes y políticas en la misma línea de lo que las asociaciones ya sabían hacer.

La cultura cívica y la solidez de un proyecto político fraguado lentamente a lo largo de cuarenta años (gestado desde una fecha muy anterior: el origen mismo del movimiento mutualista), permitió que el movimiento resistiera y se volviera a levantar tras dos violentas embestidas de la oligarquía en 1920 (aprovechando la ley marcial producto de la movilización de tropas a Perú) y 1923. Sin embargo, esos dos aparentes triunfos represivos de la oligarquía política no hicieron más que caldear los ánimos y fortalecer al movimiento.

Para 1924 los oficiales jóvenes del ejercito, quienes se sumaron al movimiento ciudadano, dieron un golpe incruento, desterrando al presidente Arturo Alessandri y promoviendo el llamado a la Asamblea Constituyente. Esta se realizó en marzo de 1925 (en el Teatro Municipal) y contó con representantes elegidos con un criterio estratigráfico: se eligió una mayoría de trabajadores asalariados, un porcentaje menor para los profesionales y empleados y otros menores para los profesores, estudiantes, comerciantes, etcétera. Se prohibió expresamente la elección de representantes por y para los partidos políticos, lo mismo por y para los militares o para el patriciado mercantil. Se definieron así los trazados de lo que sería un Estado instrumental al servicio de la voluntad de la ciudadanía.

Sin embargo, el mismo Arturo Alessandri Palma, llamado por la junta militar para que organizara concretamente la Asamblea Nacional Constituyente, pasó por alto la voluntad ciudadana y designó un comité que impuso su voluntad constituyente e incluso su propia redacción. Este hecho, sumado a otros cuantos factores dentro de los que destaca el proceso de caudillización del movimiento popular que inició Alessandri Palma, conquistando con su verbosidad y demagogia de la confianza de muchos trabajadores hacia las políticas del Estado (liberal), significó la derrota del movimiento. Así, un movimiento con capacidad de ejercer su poder constituyente derivó en un movimiento de masas seguidoras y peticionistas.

[1] El texto ha sido basado en Salazar, Gabriel (2012) “Los movimientos social-ciudadanos que intentaron construir estado” en Movimientos Sociales en Chile. Aqbar ediciones.

[2] Salazar, Gabriel (). En el nombre del poder popular constituyente.

[3] Salazar (2012). Pp.359.

[4] Ídem. Pp.352

[5] Ídem. Pp.356

[6] Ídem. Pp.353

Por | 2018-12-11T14:13:38+00:00 diciembre 11th, 2018|Artículos|Sin comentarios

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