Niños y niñas: ¿Bien público o privado?

Niños y niñas: ¿Bien público o privado?
El resurgir del debate en torno a la niñez

Por Igor Alzueta Galar
Fotografía por Tamara Kramarenco Müller
Publicado originalmente en Revista Anagénesis N.9, mayo 2017.

 

Los cambios y el constante repensar que en los últimos años la sociedad chilena está realizando de sí misma, en todos los espacios sociales, culturales, políticos, etcétera, también han impactado de lleno en la política social, en general, y de forma particular en el papel que el Estado y las familias deben jugar al respecto de la niñez en Chile.

Es en este proceso reflexivo, de una constante introspección colectiva, que el debate de posiciones sobre esta realidad ha enfrentado a las personas más partidarias de concebir la niñez  como un bien “bien público” y a quienes la han considerado como un “bien privado”. No es un debate nuevo. A lo largo de los siglos esta situación ha venido repitiéndose, fluctuando en intensidad y con diferentes resultados.

Nuestras sociedades hispanoamericanas se encuentran enraizadas sobre bases judeo-cristianas. Para estas culturas, la familia ha sido siempre uno de los pilares fundamentales, que dan forma, articulan y protegen a sus componentes. Para comprender la importancia que esta organización tiene en nuestras sociedades, sólo hay que mirar a los modelos sociales en los que vivimos, de marcado carácter familiarista; o a la profesión del autor de este texto, el trabajo social, en el que uno de los espacios a los que se focaliza nuestra formación es el Trabajo Social Familiar, además del individual y el comunitario.

Esas raíces sitúan a la familia como la herramienta más importante en los procesos formativos y socializadores, responsable de dotar de alimentos y recursos económicos y humanos a los niños y a las niñas.

Bajo esta premisa, en la que niños y niñas son percibidos y percibidas como bienes privados –no olvidemos que la familia es una institución privada–, es que el Estado surge como garante, como supervisor en última instancia de que esta realidad se cumpla. El Estado chileno, firmante de la Declaración de Derechos del Niño, debe garantizar y velar por la puesta en práctica de esta convención que recoge el derecho a la salud, a la educación, a un alto nivel de vida, a la seguridad social, a la libre expresión, entre otros. El modelo familiarista, en el que los ámbitos privados y caritativos tienen una gran relevancia, deja al Estado en un segundo plano, en una posición de subsidiariedad, y es por esto que sólo se inmiscuye en la frontera de la familia cuando aprecia, cuando se alerta, del incumplimiento de alguno de estos derechos.

Es habitual escuchar y leer a tertulianos y a políticos hablando sobre la calidad de vida que los modelos de bienestar –y particularmente los nórdicos– ofrecen a su población. En materias de niñez tampoco son una excepción: UNICEF, en un estudio reciente, dice que 1 de cada 5 niños y niñas en Chile vive en situación de pobreza, lo que equivale a un 23%. Frente a ello, encontramos a Noruega con el 5,3%, a Finlandia con el 8,8% y a Dinamarca con un 10,2%. Las cifras resultan contundentes al respecto. Los modelos que son capaces de conjugar una amplia protección social desde el Estado con espacios familiares y sociales estables, sanos y seguros, ofrecen condiciones de inclusión social de mayor profundidad y calidad que los modelos de corte más neoliberal, en los que el mercado tiene un papel preponderante.

Las políticas seguidas por los distintos gobiernos se demuestran insuficientes y en muchas ocasiones mal enfocadas. Esto se hace evidente en la articulación de los diferentes programas existentes, y es que el Estado, a pesar de considerar a la familia uno de sus pilares clave, no tiene políticas sociales y económicas de alcance que promuevan su desarrollo. Un desarrollo que además de evitar situaciones de riesgo y exclusión, generen sociedades más sanas. Un ejemplo de ello podría ser el trabajo que se realiza desde el SENAME y sus instituciones colaboradoras. Pese a que realmente se aprecia un trabajo tanto en materia de diagnóstico como de intervención, se evidencia una insuficiencia de forma y fondo.

  • En cuanto a la forma: no es posible que se den listas de espera de más de cuatro meses para ser atendidos o atendidas por un programa, cuando ya se visualizan factores de riesgo que actúan a modo de correa de transmisión hacia presuntas situaciones de mayor complejidad.
  • En cuanto al fondo: el origen de estas situaciones viene dada por un deficiente diagnóstico de la problemática e insuficiente número de programas, recursos y profesionales. Se necesita ampliar la protección social en todos los ámbitos, profundizando el rol del Estado como actor clave, y de forma específica de esta temática; generar espacios de monitoreo de alcance universal, donde se implementen actividades de prevención ante posibles vulneraciones, dirigidas principalmente a niñas y niños más grandes, pero también a adultos y adultas. El foco de este tipo de proyectos debe estar sobre los centros educativos, barrios, poblaciones, etcétera. La importancia de realizar estas actividades es concientizar a la sociedad chilena sobre los derechos de la niñez, pero también la necesidad de crear atmósferas protectoras para el conjunto de la ciudadanía.

A modo de conclusión, se puede inferir que el debate sobre la niñez ya no se limita a lo público o lo privado. El Estado debe y tiene que dar un paso al frente, responsabilizándose de dar las herramientas a las familias, a las comunidades y al conjunto del país, para promover espacios óptimos en el desarrollo psico-social de toda la población, y muy especialmente de niños, niñas y jóvenes como garantes de un futuro que ya les pertenece.

Por | 2019-02-06T19:25:54+00:00 febrero 6th, 2019|Artículos|Sin comentarios

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